Privada Española (ASPE) denuncia que hasta 15 aseguradoras británicas hacen fraude. Suscriben pólizas a turistas que solo les permiten acceder en España a la asistencia pública. Lo cual no es un derecho por ser ciudadanos europeos y no requieren seguro para ser atendidos en un hospital público.
Alrededor de unos 800 turistas británicos utilizan diariamente, en especial en temporada alta, a uno de los 200 centros sanitarios privados en España. Donde se percatan que son estafados por su póliza de seguros contratada. Ya que no cubre los tratamientos médicos que pueden necesitar. Y cuyo costo promedio de facturación puede alcanzar unos 4.000 euros.
Cobran un seguro de viajes con una cobertura sanitaria a la que el paciente ya tiene derecho por el hecho de ser ciudadano europeo. La gran estafa.
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¿Cómo hacen el fraude las aseguradoras británicas?
David Medina, vocal de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) explica el fraude de estas 15 aseguradoras. Venden una póliza de seguro a turistas, que cubre asistencia sanitaria entre otros aspectos. En caso de tener un percance durante las vacaciones en España.
Sin embargo en letras muy pequeñas, en la parte de abajo del contrato, establecen que la asistencia no será en un centro privado sino público. A lo cual tienen derecho, sin requerir póliza, por ser europeos.
De hecho, para contratar estas pólizas se exige a estos ciudadanos británicos que previamente se saquen la tarjeta sanitaria europea. Cuando los turistas llegan a España y se enferman, por cercanía o desconocimiento del caso, acuden a un centro privado. Inmediatamente, «la compañía obliga a trasladarle a un público, aun cuando el paciente no es trasladable por su estado de salud».
En caso contrario, si el paciente en primer lugar contacta con la aseguradora, esta le deriva automáticamente a un hospital público. «desprestigiando de paso al sistema privado español, asegurando que éste carece de medios, que realiza prácticas fraudulentas y que los médicos incluso carecen de título».
David Medina, denuncia que “desde hace años que estas empresas venden seguros sin contenido. Es una competencia desleal y enriquecimiento ilícito y sus beneficios han crecido un 300%».
En este sentido, durante la presentación de la denuncia, ASPE mostro recortes de la prensa británica donde se presentaron casos de pacientes fallecidos por negarles la asistencia que necesitaban. O en tal caso, obligarles a una repatriación a Reino Unido por carretera o costeada por la familia.
Un caso impactante en la prensa británica
Este es solo una muestra de las técnicas abusivas de las aseguradoras. «Se ceban con los pacientes mayores, y les cobran mucho más caras las pólizas asegurándoles que les cubren enfermedades preexistentes».
Martin Blake, de 72 años, fue a pasar vacaciones a Lanzarote junto a su hija. Con la tranquilidad de que su cardiopatía recibiría tratamiento en caso de necesitarlo. Poco después de llegar, sufrió un ataque al corazón. Fue trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa, en Arrecife.
Los médicos que le atendieron dijeron que no tenían los medios para darle una correcta atención. Asi le ofrecieron las alternativas de trasladarlo a un hospital privado o al público Hospital Dr. Negrín, en Gran Canaria.
La aseguradora por supuesto no ofreció ninguna solución. Los médicos británicos que, según la empresa, revisaban su caso, desaconsejaron su traslado o repatriación. Tras un mes ingresado en Lanzarote, y tras serio deterioro, la familia recurrió a gastar sus ahorros y repatriar al paciente por su cuenta. Murió dos días después de regresar a Reino Unido.
Carlos Rus, secretario general de ASPE denuncia que no es el único caso, «Calculamos entre uno y cuatro casos diarios, en 200 centros sanitarios. Con un coste medio de 4.000 euros por paciente en atención urgente que las compañías no reembolsan nunca. Lo que supone un impacto de entre 75 y 100 millones de euros para la sanidad privada».
No es la primera vez que empresas británicas realizan prácticas fraudulentas en España. Hace poco tiempo un bufete de abogados ingleses utilizaban denuncias de turistas por falsas intoxicaciones alimentarias. Para cobrar grandes sumas a hoteleros españoles. Generaron pérdidas al sector español alrededor de 100 millones de euros.
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